En Galicia aún quedaban activas a principios de mayo 4.771 líneas telefónicas de cobre en 72 ayuntamientos, de las cuales 1.271 son operadas directamente por Telefónica y 3.500 por otros operadores minoristas, que dejarán de funcionar antes del próximo 27 de este mes. La Xunta trasladó a la Comisión Nacional de los Comprados y de la Competencia (CNMC), al Gobierno del Estado y a los operadores la necesidad de que se garantice la continuidad de un servicio equivalente o de mejores prestaciones para las personas y empresas usuarias de esas líneas pendientes de migración, antes de esa fecha.

El Consello da Xunta recibió hoy un informe sobre la situación de este proceso que están llevando a cabo a CNMC y las operadoras de telefonía. A pesar de que la competencia sobre las telecomunicaciones le corresponde en exclusiva al Estado, la Xunta tomó la iniciativa de dirigirse tanto a los organismos y empresas responsables como a los ayuntamientos afectados, para asegurar la colaboración y la transparencia del proceso.

La Xunta reiteró, asimismo, su voluntad de colaborar con los responsables para asegurar el mantenimiento sin interrupciones de un servicio esencial para la ciudadanía y la actividad económica de la Comunidad Autónoma gallega.

El pasado mes de enero, la Xunta promovió  una reunión con la CNMC en que se ahondó en la necesidad de crear mecanismos de difusión y apoyo a la ciudadanía. Entre los compromisos adquiridos figuraban el de comunicar con la suficiente antelación el cierre de las centrales; informar sobre las alternativas disponibles, sobre todo cuando el cambio a fibra no sea posible; evitar cortes prolongados o el aislamiento de personas vulnerables que necesitan los servicios de comunicaciones para su salud y seguridad.

La Xunta también se reunió con Telefónica para solicitar toda la información disponible sobre las líneas pendientes de migrar y, posteriormente, en marzo se trasladó esta información a los ayuntamientos a través de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).

Esta información sobre líneas pendientes está siendo permanentemente actualizada por la Xunta y trasladada a los operadores, para que puedan ponerse en contacto con todas las personas afectadas para proporcionarles una solución personalizada. Esta acción fue resultado de la reunión mantenida el pasado 12 de mayo entre la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, operadores Telefónica y MásOrange, la FEGAMP, la Cruz Roja y las diputaciones. El objetivo de este encuentro fue el de poner en común los procedimientos y protocolos llevados a cabo por las empresas responsables para minimizar el impacto de este proceso en los distintos servicios, personas y empresas usuarias.

Compromiso con la conectividad del territorio

La conectividad del territorio, tanto con redes fijas como móviles, es una premisa indispensable para la modernización tecnológica de Galicia y para garantizar un servicio esencial a una población muy dispersa y con necesidades singulares, como las derivadas del envejecimiento. Por eso, la Xunta lleva desde hace 15 años promoviendo iniciativas y actuaciones dentro de sus competencias.

En este sentido, el Gobierno gallego logró dedicar fondos Feder y Feader al Plan de banda ancha 2010-2013, que situó en aquel momento Galicia a la cabeza en el desarrollo de este tipo de infraestructuras.

Posteriormente se pudieron dedicar fondos Feader a la puesta en marcha del Plan banda ancha 2020, como actuación complementaria a las competencias del Estado para extender las redes de 100 Mbps o más. A partir de ese momento, el Estado asumió en solitario con el programa UNICO las competencias para conseguir el objetivo de dotar toda la población de internet de, por lo menos, 100 Mbps.

La Xunta tiene también en marcha una actuación para mejorar la cobertura móvil en áreas rurales y aisladas. Se trata de una iniciativa pionera en España, para a cuál fue necesaria una autorización expresa de la Comisión Europea. Esta actuación está siendo puesta como ejemplo por la CE.

El Gobierno de Galicia mantiene una oficina dedicada en exclusiva a la banda ancha, que trabaja en la definición de la normativa, agiliza trámites administrativos y realiza una vigilancia continua de las medidas y actuación puestas en marcha por parte del Gobierno de España en el marco de su competencia exclusiva en la materia.