La Xunta de Galicia insistió hoy en que, al menos en los municipios rurales, la telefonía móvil debe ser considerada por el Gobierno
del Estado como un servicio universal, para no estar sometido su despliegue solamente a los criterios de rentabilidad de las operadoras.
La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia presentó al Gobierno central las consideraciones a tener en cuenta en la futura regulación del servicio universal de telecomunicaciones, en respuesta a la consulta pública abierta por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. En la actualidad están considerados como parte del servicio universal las comunicaciones fixo con capacidad de banda ancha a una velocidad mínima de 10 Mbps y los servicios de comunicaciones vocales en una localización fixo. 
Como ya había hecho en anteriores ocasiones, en el documento remitido hoy al Ministerio, la Xunta vuelve a solicitar que la telefonía móvil de voz y datos sea incluida en el servicio universal, ?al menos en los municipios rurales y en otras zonas geográficas con características sociales, económicas o culturales especiales?. Cita como ejemplos de estas últimas el Camino de Santiago, los parques naturales o los grandes acontecimientos.
En este contexto, recuerda que ?la necesidad de acceso a servicios de emergencia en cualquier situación y el potencial para la dinamización económica del rural hacen que los servicios en movilidad, tanto de datos como de voz, sean necesarios e imprescindibles?.
La Agencia autonómica señala en su respuesta que es preciso incrementar la velocidad mínima de conexión hasta los 100 Mbps, en línea con la Ley General de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta el mercado actual y el hecho de que el programa UNICO Demanda Rural finaliza en 2027. Asimismo, considera necesario establecer requisitos mínimos de garantía de caudal y calidad, incluyendo velocidad ascendente, latencia, jitter y pérdida de paquetes.
Además, con el marco legal actual, el servicio universal solo garantizadora cobertura a las personas físicas en vivienda habitual. Por eso se traslada también la necesidad de incluir las microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas autónomas y organizaciones sin ánimo de lucro como beneficiarias del servicio universal con independencia de su localización.
En relación con el abono social, destinado a garantizar que los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales puedan acceder a los servicios básicos de telecomunicaciones, la Xunta coincide en el interés de establecer este deber para todos los operadores y de definir su marco legal mediante una normativa específica. Asimismo, se considera necesario incluir los servicios en movilidad de voz y datos entre las opciones del abono social.