La Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica, Mar Pereira, presentó hoy la Guía de buenas prácticas en los procedimientos de contratación TIC. Un documento que tiene como objetivo “definir un modelo de contratación transparente en el que se consigan importantes ahorros y se mejore la gestión de las compras, centralizando los contratos y aplicando la economía de escala.”

Así definió la finalidad de la Guía a responsable del departamento, Mar Pereira, que destacó la necesidad de crear un modelo de contratación “en el que las empresas conozcan con claridad los criterios de contratación de la Administración, profesionalizando así la función informática en la Administración Pública y manteniendo el conocimiento en la organización.”

La guía de buenas prácticas está dirigida a los profesionales TIC y órganos de contratación del conjunto de departamentos de la Administración Autonómica, de sus organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones del sector público autonómico y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma. Además, busca ofrecer al resto de profesionales no TIC implicados en las contrataciones una visión clara de las problemáticas y especificidades de la contratación en este ámbito.

Punto de partida
La elaboración de esta guía surge ante el uso imprescindible de las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar el servicio al ciudadano y aumentar la eficacia administrativa. La secretaria general explicó que una vez analizada la situación de partida se detectó la ausencia de unos criterios homogéneos de licitación, valoración y ejecución de los contratos.

La responsable de Modernización indicó que “desde la Secretaría General éramos conscientes de que era preciso fomentar el uso compartido de soluciones entre departamentos para mejorar de servicios y reducir de costes. Cambiar esta situación permitirá que haya transferencia tecnológica entre departamentos, visibilidad de la inversión en tecnología y facilitará la integración de los sistemas de información”.

Mar Pereira señaló que “hay que alejarse de una política tecnológica dividida en departamentos estancos donde cada consellería realiza sus compras TIC (equipos, servicios, comunicaciones y licencias) atendiendo a sus necesidades particulares”. Esta ausencia de una metodología común impide aprovechar los beneficios de las economías de escala (precios unitarios) y la optimización de costes en los procesos de contratación.

Por otra parte, era preciso establecer unas directrices claras en las relaciones contractuales con las empresas para definir y delimitar los servicios que prestan, que en ningún caso estarán orientados a suplir desajustes y carencias de personal interno. En este sentido, la responsable de Modernización subrayó que “no se contratan personas sino servicios tecnológicos especializados”.

Objetivos
El nuevo modelo de contratación recogido en la Guía y consensuado entre los profesionales TIC y los órganos jurídicos promueve una estrategia TIC única, que permita avanzar hacia un enfoque tecnológico homogéneo y sostenible, común y único en la Xunta de Galicia. También busca una visión del presupuesto TIC única y de la optimización de los procesos de licitación y adquisición, centralizando la compra de productos, servicios o licencias consiguiendo precios unitarios.

El avance continuo de las tecnologías requiere un elevado grado de especialización y el volumen de los proyectos que se están a desarrollar hace preciso recurrir a la contratación de servicios y empresas especializadas del sector. En este sentido, la guía recoge también un modelo de colaboración con la empresa privada basado en la externalización multiprovedor y con unos criterios homogéneos de relación con las empresas.

Además, la guía establece los mecanismos que regulen la propiedad de los productos resultantes de la contratación, garantizando la transferencia tecnológica y que el conocimiento permanezca en la Administración. Una transferencia tecnológica del conocimiento que tiene que venir acompañada de una correcta gestión de la propiedad intelectual de los trabajos, así como del ciclo de vida de los productos.

También se promueve una correcta evaluación del servicio recibido por la Administración por parte de los proveedores, haciendo un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los servicios y de los plazos establecidos y poniendo en marcha los idóneos mecanismos de penalización cuando esto sea preciso.