El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la ley de Impulso y Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicaciones de Galicia

Viernes 01 de Agosto de 2014

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la ley de Impulso y Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicaciones de Galicia

Admite los alegatos del Gobierno gallego, que defendió que la norma está articulada desde las competencias autonómicas y con pleno respeto a la normativa estatal, a la que complementa
De este modo Galicia podrá continuar con el desarrollo de una ley que facilita el instrumento legal para superar las deficiencias históricas que tiene la Comunidad en materia de telecomunicaciones y poder cumplir los objetivos fijados por el Estado y la Unión Europea en el campo de la Sociedad de la Información.
Entre otras medidas, la ley establece la inclusión de canalizaciones de telecomunicaciones en las obras públicas autonómicas o la previsión de fijar como obligatoria la incorporación de infraestructuras de Fogar Dixital en viviendas de nueva construcción

Desde 2010 el Gobierno gallego viene realizando un importante esfuerzo en el despliegue de redes de telecomunicación que se traduce a día de hoy en un 97% de gallegos con cobertura de Internet y 1,4 millón de personas con acceso a redes de 100 Mbp

El Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión de la ley de Impulso de las Infraestructuras de Telecomunicaciones, tras el recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de esta norma presentado el pasado mes de marzo por la Administración General del Estado. El Tribunal adoptó esta resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia, tras admitir los alegatos presentados por el Gobierno gallego, en los que manifestaba el absoluto convencimiento de la necesidad y oportunidad de esta ley para la Comunidad así como de su constitucionalidad.

El Ejecutivo autonómico indicaba que la norma facilita, desde las competencias autonómicas y con pleno respeto a la normativa estatal, el instrumento legal para superar las deficiencias históricas que tiene Galicia en materia de telecomunicaciones, impulsando su despliegue de una forma ordenada, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio cultural.

La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional permitirá continuar con el desarrollo de la Ley que establece medidas en ámbitos en los que Galicia tiene competencias plenas como en la ordenación del territorio, en el urbanismo, el medio ambiente y la vivienda, lo que le permite fijar normativa sobre los usos del suelo, la ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones o regular el régimen de construcción y utilización de las viviendas.

Basándose en estas competencias, y respetando las competencias estatales en telecomunicaciones, la normativa autonómica ayudará a conseguir los objetivos fijados por el Estado y la Unión Europea en el campo de la sociedad de la información.

Una ley que evita duplicidades y facilita los despliegues
Con esta ley, se obligará a la inclusión de las infraestructuras de telecomunicaciones en los planeamientos urbanísticos, convirtiendo los servicios de telecomunicaciones en un servicio más para todos los gallegos, al igual que lo son el agua o la luz.

Asegurará que toda vivienda que se construya contará con las infraestructuras mínimas para la incorporación de los servicios del Fogar Dixital, y que todo edificio público que se proyecte contará con las infraestructuras necesarias para garantizar el aprovechamiento de las TIC para la prestación de servicios públicos.

Obligará a que todas las nuevas carreteras y vías de alta capacidad autonómicas incorporen las canalizaciones precisas para instalar redes de telecomunicaciones, evitando el gasto que supondría la implantación una vez acabada la obra y que se usarán para interconectar Galicia la redes de muy alta capacidad, favoreciendo así a la vertebración territorial.

Asimismo, se evitará que se dupliquen esfuerzos e inversiones en las administraciones públicas y conseguiremos una mayor coordinación entre los agentes públicos y privados. Por eso la ley obligará a los operadores y las administraciones públicas a remitir información sobre los planes de despliegue ejecutados o previstos.

Además, en la ley se enmarcan otras medidas clave: como el fomentar el uso compartido de infraestructuras por parte de los operadores para favorecer un despliegue ordenador de estos y reducir la inversión necesaria.

Obligará también a que la Red Digital de Seguridad y Emergencias de la Xunta de Galicia sea de uso obligatorio por todos los organismos autonómicos que lo precisen. Esta red permitirá optimizar los costes frente a la situación actual con un ahorro de 37 millones de euros en diez años.

Más de 237 millones de euros en infraestructuras de telecomunicaciones
Desde 2009 el actual Gobierno gallego marcó un punto de inflexión en la gestión de la política tecnológica elaborando una estrategia común para Galicia, la Agenda digital de Galicia 2014.gal.

Una de las medidas clave para poder desarrollar esta estrategia es conseguir una Galicia totalmente conectada, en la que ciudadanos y empresas tengan acceso a los servicios digitales, independientemente del lugar en el que vivan.

Y estamos consiguiéndolo gracias al Plan de Banda Ancha de la Xunta de Galicia que, con una inversión público privada de 237 millones de euros desde 2010, ya posibilitó que más del 97% de los gallegos tengan acceso a la red, fuente al 71,8% en 2009.

Además gracias al Plan Banda Ancha, más de 1 millón de gallegos tienen ya acceso a redes con NGA con velocidades de 100 Mbps. Somos de las primeras regiones de Europa que impulsaron el despliegue de estas redes de nueva generación, cumpliendo las directrices de la Agenda Digital Europea.