La secretaria general de Modernización e Innovación Tecnológica, Mar Pereira, suscribió hoy en Madrid la adhesión de Galicia al Convenio del "Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de la Justicia (EJIS)". Este acuerdo tiene su punto de partida en el mes de septiembre, cuando fue firmado por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Este acuerdo busca reforzar la colaboración, en lo referente a las tecnologías de la comunicación y de la información en el ámbito judicial, entre las mencionadas instituciones y las comunidades autónomas adscritas al mismo, entre las que, además de Galicia -que fue una de las primeras en anunciar su conformidad-, se encuentran Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias, Valencia, Navarra, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón.

Así, con la puesta en marcha del EJIS se persigue el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, mientras que las comunidades autónomas participantes se comprometen a trabajar conjuntamente y a compartir esfuerzos para conseguir el objetivo común de que los sistemas de información de la justicia puedan interoperar adecuadamente.

En este sentido, la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica, refuerza su compromiso con el proceso de modernización de la Justicia, ámbito en el que viene trabajando en los últimos meses a través, primero, del desarrollo del Plan de medidas urgentes, y ahora con el próximo inicio del Plan de Sistemas de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Justicia, continuación de aquel.

Incorporar a la Justicia el máximo aprovechamiento de las tecnologías 
Con la firma de este Acuerdo se persigue que la interoperabilidad y la seguridad contribuyan a mejorar la eficiencia de los servicios públicos de atención al ciudadano y el propio funcionamiento interno de la Administración de Justicia. También se evita la duplicidad de esfuerzos, lo que permite que las administraciones competentes puedan cooperar en la resolución de los procedimientos, al tiempo que colaboran en dotarse de los mejores medios para eso.

La finalidad del convenio es facilitar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la actividad judicial, en condiciones de eficacia, eficiencia, racionalidad económica y calidad, empleando las plataformas tecnológicas y las aplicaciones informáticas precisas.

La intención es aunar esfuerzos por parte de todas las administraciones implicadas para conseguir el objetivo de interoperar los distintos sistemas informáticos existentes con todas las garantías de seguridad y habida cuenta los medios técnicos existentes para facilitar la interconexión entre ellos.

Las instituciones y comunidades autónomas que colaboran en este proyecto son sabedoras de que la Administración de Justicia no puede quedar al margen de este proceso de modernización y debe seguir el camino iniciado en otros ámbitos de la Administración si quiere prestar un servicio público eficaz, eficiente y de calidad; no sólo al ciudadano, sino a todo el personal de la Administración judicial. Y todo eso, sin dejar al margen las medidas de seguridad oportunas que garanticen su correcto funcionamiento.