Más de 10.000 empleados del sector público autonómico están utilizando la flexibilidad horaria y el teletrabajo como medidas de conciliación familiar y laboral, después de que estas iniciativas se pusieran en marcha en 2014.

Así lo explicó hoy en rueda de prensa la directora general de Evaluación y Reforma Administrativa, Natalia Prieto, que resaltó la buena acogida de estas medidas, que suponen ventajas tanto para la organización como para los trabajadores. Al tiempo, mejoran la organización y distribución del tiempo de trabajo, así como el conocimiento de las necesidades de los distintos servicios.

Ya más al por menor, detalló que la flexibilidad horaria puede motivarse bien por razones de conciliación, o de manera automática. En aquellos casos derivados de la necesidad de conciliación, la franja de trabajo permitida se extiende entre las 7,30 y las 18,30 horas de lunes a viernes (excepto en los casos en los que sea preciso establecer una franja de trabajo obligatoria). La flexibilidad autonómica mantiene un horario fijo de presencia diaria de 9,00 a 14,30, mientras que la franja flexible hasta completar la jornada laboral es la restante, esto es, entre 7,30 y 9,00; y entre 14,30 y 18,30.

Los horarios pueden ser superiores a las 18,30 siempre que el centro permanezca abierto, y teniendo como hora máxima las 20,00 horas. Además, los empleados con horario flexible pueden compensar las posibles demoras en el mes siguiente al que se produzca el incumplimiento.

Actualmente, hay 8.747 empleados con flexibilidad horario automática, y 1.223 por razones de conciliación (con menores de 12 años o dependientes a su cargo), lo que suma un total de 9.970. De hecho, y como prueba de la buena acogida de esta iniciativa, en lo que va de año se llevan acogido a esta fórmula 620 empleados públicos.

Por género, la mayoría de las solicitudes autorizadas de flexibilidad automática son de mujeres (60,29%), un porcentaje que aún es ligeramente superior en el caso de la flexibilidad por razones de conciliación (65,4%).

Teletrabajo

Además de la flexibilidad, los empleados y empleadas públicas pueden desarrollar sus tareas fuera de las dependencias de la Administración autonómica mediante el empleo de nuevas tecnologías, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos y que la naturaleza de su puesto lo permita.

El número máximo de jornadas que podrán efectuarse en esta modalidad serán de 3 a la semana y su concesión, salvo prórroga, no excediera el año de duración.

Actualmente, un total de 235 personas prestan servicios a través de esta modalidad de trabajo no presencial, la mayoría de ellos (167) en los servicios centrales. De este total, 121 corresponden a prórrogas, fruto de la buena experiencia y beneficios de esta medida. Por género, las mujeres representan el 57,14% de las personas que están teletrabajando, y los hombres, el 42,86%.

Los puestos autorizados para teletrabajo por tipología son fundamentalmente asesores jurídicos, cuerpos de inspección (farmacéutica, urbanística, de trabajo, de salud pública...), traductores, informáticos, y otros puestos que desarrollan funciones que pueden ser desempeñadas con un grado alto de autonomía y a distancia. Por porcentaje, los informáticos suponen el 34% de los puestos autorizados, seguido por cuerpos de inspección (20%), asesores jurídicos (15%) y traductores (2%).